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    Inspección controlará 3,3 millones de jornadas

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    La entrada en vigor de la Directiva 2006/22/CE obliga a cada país a controlar el 3% de las jornadas de trabajo como mínimo y la mitad de los controles se deben realizar en las sedes de las empresas.
    El pasado mes de septiembre el Ministerio de Fomento presentó el Plan de Inspección de Transporte por Carretera para el año 2010. La novedad más destacada es que para este año la Directiva europea 2006/22/CE obliga a controlar el 3% de las jornadas de trabajo en cada país, lo que en España supone algo más de 3,3 millones de jornadas.


    Además, el control sobre el 50% de las jornadas se deberá realizar en las sedes de las empresas, es decir sobre alrededor de 1,6 millones de jornadas, si se quiere cumplir con los objetivos marcados a nivel europeo.
    En estas inspecciones en las empresas, también se comprobará que los conductores están dados de alta en la Seguridad Social en el epígrafe correspondiente y si no es así, se informará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como también se le comunicarán los incumplimientos graves de exceso de horas sobre la jornada laboral que se detecten.
    Este Plan se elabora de forma conjunta por los servicios de inspección del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas, junto con los distintos cuerpos de seguridad responsables del tráfico y la circulación, encargados de la vigilancia del transporte en carretera.
    En los Acuerdos de junio de 2008 alcanzados entre la Administración y Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se incluyó el compromiso de que en la elaboración y ejecución de los planes de inspección anuales se contara con la participación del CNTC. Para este año, desde el Comité se ha pedido que en los trabajos de inspección se de prioridad a la persecución y erradicación de las prácticas fraudulentas que supongan una distorsión de la competencia, algunas de las cuales además ponen en peligro la seguridad.
    También han solicitado que se busquen fórmulas para detectar la realización de servicios de transporte por parte de empresas no habilitadas que, al no estar registradas, en ocasiones pasan desapercibidas para los servicios de inspección. Además se ha propuesto que se traslade parte de la inspección que se lleva a cabo en las sedes de las empresas a la carretera para que afecte por igual a todas las empresas. Y un año más, se sigue insistiendo en que debería existir una mayor armonización entre la Administración central y las autonómicas en sus actuaciones inspectoras.

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