El lema bajo el que realizaron las protestas agricultores, propietarios de gasolineras y empresarios de transporte de Castilla y León fue “cenTIMAZO sanitario NO”.
La consejera de Hacienda de esta Comunidad Autonoma, Pilar del Olmo, no ha querido escuchar los razonamientos de sus administrados, ni el contundente estudio presentados por éstos, sobre los devastadores efectos que para los citados colectivos –y para la propia economía de la Junta- tendrá su implantación.
En la manifestación del pasado viernes, 24 de febrero, los indignados destinatarios de la tasa arrojaron delante de la sede de la Consejería de Hacienda 500 llaves que simbolizaban el cierre de los negocios a los que obligará el impuesto. “Hágase usted cargo, señora del Olmo de nuestras empresas”, tal parece que llevaba implícito el gesto. Tres días más tarde realizaban un paro simbólico de una hora, pacífico, sin cortar carreteras ni interrumpir la normal actividad de la ciudadanía; sólo era un aldabonazo de aviso.
El estudio a que hacemos referencia cifra en 2.000 los empleos que se destruirán sólo por el cierre de gasolineras limítrofes a otras comunidades autónomas libres del impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos.
Este análisis estima, además, un perverso efecto colateral para los ingresos de esta Comunidad, quien puede dejar de recaudar entre 143 y 223 millones de euros (el consumo de combustible descenderá previsiblemente en un 30%), frente a su pretensión de incrementar los ingresos en 140 millones de euros. El informe cita datos de la Comunidad Valenciana, donde ya se ha producido una “rebaja” del consumo cercana al 20%, aunque –como nuestros lectores ya conocen- en esta autonomía se va a devolver a los transportistas la totalidad del impuesto.
Los colectivos implicados en esta protesta y en las consiguientes “negociaciones” con la Junta de Castilla y León, son un ejemplo más de los devastadores efectos que tiene una medida de este tipo, que ya se va extendiendo como una mancha de aceite por todo el país. Los agricultores (Asaja, en este caso) adelantan que será el consumidor final el destinatario del impuesto, pues subirán los precios de los productos básicos.
Las estaciones de servicio prevén –como hemos indicado- perder dos mil empleos, y el secretario general de FETRACAL, Miguel Olmos, quien asegura que ha desaparecido un 30% de las empresas de la región, considera que tendrán que subir el precio de los servicios, una pretensión extremadamente difícil en la actual situación.
En conclusión, el impuesto supone pagar 4,8 céntimos de euro por litro, de los cuales la CA devolverá 2,4; es decir, los transportistas pagarán 2,4 céntimos más que ahora por cada litro que consuman, la misma cantidad que sus colegas de Cataluña, Castilla La Mancha y Andalucía. En otras CCAA, como Galicia, Asturias, Madrid, Extremadura y Murcia, el importe que se paga es menor, por lo que existe un desfase competitivo a la hora de estimar los costes de explotación.
A fecha de hoy, sólo están libres del impuesto las CCAA de la Rioja, País Vasco, Navarra, Baleares, Canarias y Cantabria. En esta última su gobierno lo aplicará previsiblemente en el mes de abril o mayo, aunque su presidente ha prometido exonerar a los transportistas de esta carga.
Por su parte, en el País Vasco no es probable que se materialice, debido a las competencias cruzadas entre el gobierno y las diputaciones forales, de distinto color político, que no acaban de ponerse de acuerdo en cómo plasmar –y repartir- esta “medida adicional de financiación”.
Lo cierto es que el sector, en su conjunto, está más que harto de la ofensiva que padece (tasas, restricciones, normativas agresivas…), y de ser siempre el pagano de los desmanes del déficit, central, autonómico y local, de los grandes agujeros que debemos “tapar” los administrados.
Con el actual precio del combustible, que ya representa un 35%, al menos de los costes de explotación y las consecuencias no ya de la crisis, sino de la recesión, está claro que la supervivencia de las empresas de transporte ha tocado techo; por ende, esta medida afectará también a nuestra economía en general y a su competitividad. El transporte de mercancías por carretera no puede soportar el “cenTIMAZO”, que debe ser borrado totalmente de los planes de TODOS los gobiernos autonómicos.
