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    Fomento reforma la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)

     

    El Consejo de Ministros ha analizado un informe de la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), con el que se pretende mejorar la competividad y eficiencia del sector y luchar contra la burocracia.

    La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (conocida como la LOTT) fue aprobada en 1987, por lo que ha quedado obsoleta en muchos aspectos, tanto respecto a la normativa nacional y comunitaria, como a la realidad actual del transporte por carretera.

    Por ello, se ha redactado un nuevo texto normativo que busca incrementar la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado del transporte por carretera. Se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva ley se podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o comunidades autónomas) a través de Internet, sin necesidad de presentarse en las ventanillas correspondientes.

    Para ahorrar gastos en procesos judiciales y anticipar en el tiempo la resolución de conflictos, se aumenta de 6.000 a 12.000 euros el límite económico para poder acudir a las Juntas Arbitrales y resolver posibles desacuerdos en los contratos.

    En la actualidad es necesaria una autorización para realizar transporte y otra segunda para realizar operaciones de subcontratación. Con la modificación prevista, será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización.

    Asimismo,la ley incrementará la transparencia en la gestión, ya que se hacen públicos los datos registrados sobre empresas de transporte y agencias de intermediación que cuenten con autorización, lo que permitirá a quien contrate si el transportista o la agencia está o no autorizada para realizar esa actividad.

    Otro de los aspectos destacados es la actualización y armonización de la ley con la actual normativa comunitaria, especialmente en aquellos aspectos relacionados con los requisitos de acceso al mercado, lo que incrementará la seguridad jurídica de las empresas.

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