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    La Comisión exige a Luxemburgo, Polonia y Portugal que implanten el registro electrónico de empresas de transporte

    Registro electrónico de empresas de transporte por carretera (ERRU) Registro electrónico de empresas de transporte por carretera (ERRU) Transporte Profesional

    La Comisión Europea ha reclamado a Luxemburgo, Polonia y Portugal que cumpla con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el correcto funcionamiento del mercado interno del transporte por carretera.

    Sólo en 2016, tres sentencias han puesto en evidencia que los tres Estados miembro (Luxemburgo, Polonia y Portugal) no cumplen con la exigencia de contar con un registro electrónico de empresas de transporte por carretera y, por lo tanto, de no estar interconectadas con los registros del resto de Estados miembros.

    Los registros electrónicos nacionales son bases de datos que contienen información (nombre, dirección y número de vehículos) de todas las empresas que están autorizadas a trabajar por los Estados miembro de la Unión Europea.

    La normativa comunitaria exige que estos registros estén interconectados para crear un Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (conocido como ERRU). Dicho registro permite un mejor intercambio de información entre los Estados miembro y una mejor acción de la legislación existente, incluyendo cuestiones sociales.

    También garantiza que los que no cumplen con la exigencia puedan ser identificados cuando infringen normas fuera de sus fronteras. Para los legisladores, esto repercute en un mejor comportamiento del mercado interno del transporte.

    Hasta la fecha, Luxemburgo, Polonia y Portugal no han establecido ni interconectado sus registros nacionales y han incumplido la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Por ello, la Comisión les ha conminado a que cumplan con sus obligaciones lo más rápidamente posible.

    Ahora, las autoridades luxemburguesas, polacas y portuguesas tienen dos meses para notificar a la Comisión las medidas que van a tomar para cumplir con dichos requerimientos. Si no fuera así, pasado el plazo legal, la Comisión puede llevar el caso a la Justicia, especificando la cantidad total de sanción que deberán pagar.

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