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    Centroeuropa, contra la competencia desleal

    Alianza de la carretera Alianza de la carretera Transporte

    Nueve países europeos han firmado un acuerdo para luchar contra el llamado dumping social, las empresas buzón y los precios por debajo de costes que acorralan al transporte.

    Competencia desleal, dumping social… son denominaciones que se escuchan con mucha frecuencia en los foros de transporte y entre asistentes a ponencias sobre la actualidad del sector. En líneas generales, ambos términos vienen a definir el mismo concepto: trabajar por debajo de costes, bajando los precios y expulsando del mercado a los que operan en condiciones legales. Esta situación, que ni es nueva ni exclusiva de nuestro país, ha movido a varios países centroeuropeos a firmar una alianza con la que se quiere luchar contra estas prácticas y contra las empresas que hacen uso de ellas. Muchas están radicadas en países del Este (Bulgaria y Rumanía, sobre todo, pero también Lituania y hasta Portugal, en el caso ibérico) y operan casi en su totalidad fuera de su país, sin respetar la normativa social, la que afecta a los conductores.
    Los países firmantes de la llamada "Alianza de la Carretera" son Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega (único Estado no perteneciente a la Unión Europea) y Suecia. Entre sus objetivos están promover medidas que garanticen el derecho de conductor a un equilibrio entre su vida profesional y privada, intensificar los controles en carretera para sancionar a los que no cumplen la ley e investigar y detectar a las "empresas-buzón" y los fraudes al tacógrafo. En definitiva, defender una posición común para garantizar una evolución controlada del mercado.

    Posición española

    La firma se hizo efectiva el 31 de enero de 2017 en París. España, cuyo gobierno acababa de formarse, no participó en el acto. Sin embargo, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley pidiendo nuestra inclusión en él, y fue aprobada por mayoría.


    Preguntadas a las asociaciones de transporte por este cambio, hay disparidad de opiniones, pero la generalizada es que "hay puntos en los que estamos de acuerdo y otros en los que no, por lo que no podemos estar a favor al 100%" ha explicado Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet, la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia.


    Según sus palabras, "es fundamental que se transponga la Directiva de desplazamiento de trabajadores porque, mientras que los españoles tenemos que cumplir infinidad de requisitos y presentar documentación sobre los conductores cuando nuestras empresas van a Europa, nosotros no estamos exigiendo nada a las empresas de transporte internacional que operan en nuestro país".


    De hecho, continúa Pérezcarro, "hay medidas con las que no estamos de acuerdo, como tener que pasar el descanso semanal normal fuera de la cabina del camión" (que ya obligan Estados como Francia, Bélgica y, últimamente también, Alemania). "No nos vamos a adaptar a una alianza que no respeta cuestiones fundamentales como el retorno a casa de los conductores en su descanso semanal, algo que no está contemplado".

    Alianza por la carretera

    Motivo de fricción

    La competencia desleal es un tema frecuente en las reuniones del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que se ha dirigido al Ministerio de Fomento en varias ocasiones sobre este asunto. Hace poco, recibió contestación de la Dirección General de Transporte Terrestre, quien ha explicado que "España no se opone al establecimiento de normas de protección de los derechos sociales de los trabajadores en general, y de los conductores profesionales en particular. No obstante, consideramos que el establecimiento de un salario mínimo u otras condiciones sociales debe realizarse de forma armonizada en el territorio de la Unión Europea". También creen que "la aprobación unilateral por algunos Estados miembro de esta legislación nacional proteccionista supone una barrera a la libre prestación de servicios y circulación de mercancías que debe evitarse".
    La propuesta de Fomento es abordar, como parte del paquete de carretera, el análisis de las medidas que puedan contribuir a mejorar las condiciones sociales de los trabajadores del transporte. "Pero la reglamentación debe ser homogénea y armonizada, y evitar que se generen cargas administrativas excesivas a las empresas que hacen transporte internacional".

    Alianza por la carretera

    Encuentro bilateral

    En este sentido, el ministro de Fomento aprovechó la reunión mantenida con su homólogo francés, Frédéric Cuvillier, para mostrarle su preocupación por la adopción de medidas unilaterales en el transporte por carretera que podrían ir en contra de la libre prestación de estos servicios en el ámbito internacional. También insistió en la idea de que hay que adoptar las disposiciones necesarias para evitar los actos vandálicos que sufren los transportistas en territorio francés.
    En líneas generales, Fomento se opone a ciertas medidas que están implícitas en la política proteccionista que practican los Estados firmantes, como son contar con un representante legal o acreditar datos (salario del conductor, superior al salario mínimo del país al que se viaja) que supongan limitaciones en las condiciones de prestación de los servicios.


    Pero la proposición no de ley aprobada en el Congreso podría cambiar el panorama sobre el tema, por lo que ahora se abre un tiempo de incertidumbre en este aspecto. Según el Grupo Socialista en el Congreso, "las lagunas en la legislación y el carácter móvil de las actividades del transporte dificultan la detección de regímenes ilegales, por lo que resulta imprescindible reforzar los planes de inspección". Ése sería uno de los tres puntos que el PSOE ha presentado como argumento para adherirse a la Alianza de la Carretera: reforzar el plan de inspección del transporte por carretera, especialmente en el realizado por transportistas no residentes, tanto de ámbito internacional como de cabotaje.

    Dumping social

    El Bundestag quiere medidas más duras

    El Parlamento Federal Alemán (Bundestag) ha aprobado una resolución en la que propone que los controles que se hacen al transporte por carretera garanticen el cumplimiento de las leyes alemanas y europeas. Aunque no tiene rango de ley, el Bundestag pide al Gobierno federal que intervenga ante la Unión Europea para aclarar que hay una prohibición para que los conductores no hagan el descanso semanal en la cabina y que se promulguen leyes que permitan hacer descansos más cortos en la cabina.
    Una de esas propuestas se refiere a que, si un conductor viaja durante tres semanas seguidas, pueda realizar un descanso semanal más corto, pero entonces tendrá que hacer un descanso adecuado en su casa.
    Los miembros del Parlamento han pedido al Gobierno que intervenga ante la Unión Europea para que se imponga por ley un salario mínimo para los conductores que hagan transporte internacional.

    Qué es el "dumping social"

    Se trata de una expresión inglesa que consiste en la competencia desleal, basada en la explotación y bajos salarios de los trabajadores, para conseguir rebajar los costes laborales de producción y poder ofrecer, de esta manera, precios más competitivos en el mercado.
    Se trata de uno de los problemas que más perjudican al transporte de mercancías por carretera de España y de la mayor parte de los países de la Europa occidental. El dumping social, el desempleo y los bajos salarios aumentan el riesgo de pobreza y exclusión social.
    En el caso de las empresas de transporte de Europa Occidental, el salario es el principal coste de explotación de sus negocios, mientras que en la Europa del Este lo es el combustible. España incumple esa máxima, ya que, aún estando en la zona del Oeste de la Unión Europea, le ocurre como a los Estados del Este.

    Salarios mínimos

    Las tres propuestas del PSOE
    • • Adherirse a la Alianza de la Carretera, para promover posiciones comunes y asi luchar contra el dumping social y favorecer la competencia leal, mejorar la seguridad vial, las prácticas y la cooperación en materia de inspección y control.
    • Transponer al ordenamiento español la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios.
    • Reforzar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por transportistas no residentes (internacional o de cabotaje), para controlar el dumping social y evitar que empresas extranjeras hagan competencia desleal a las españolas.
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    Este artículo, completo publicado en la revista Transporte Profesional
    Número 374 - mayo 2017
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