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    Editorial mes de Febrero - Por Javier Baranda

    Javier Baranda Javier Baranda Transporte Profesional

    Plan de choque

    Los últimos datos a los que ha tenido acceso esta publicación, hablan de la desaparición de cerca de 10.000 empresas de transporte, de todos los tamaños, sólo en el último año. De confirmarse estas cifras, bien podría decirse que se ha producido ya un ajuste importante entre la oferta y la demanda, lo que implicaría que la presión de nuestros particulares “mercados” (los cargadores, en este caso), sobre las empresas de transporte, debería haber remitido de forma considerable.

    Nada más lejos de la realidad. Hay menos cargas, por supuesto, pero el volumen de mercancías transportadas ha crecido cerca del 10% en 2010; sin embargo es verdad que cuanto más se trabaja más se pierde ¿Tiene este contrasentido una explicación racional? Sí, porque el transporte sigue siendo totalmente incapaz de trasladar sus costes a sus clientes. Salvo escasas excepciones, como en “internacional” (los “frigos” especialmente), a causa del incremento de la actividad exportadora, el transporte continúa enfrascado en su particular guerra de precios.

    La morosidad, por su parte, está causando grandes estragos (la destrucción del tejido empresarial no cesa), hasta tal punto que ya ocupa prácticamente el primer puesto del ránking de nuestros problemas, por encima de las dificultades de financiación. La última calamidad ha venido de la mano del combustible, que en tan solo un año ha subido un 22% su precio, debido a la especulación y los impuestos, sin olvidar la actuación de los oligopolios, pues el coste del crudo y la disparidad euro/dólar no constituyen argumentos de peso para el resultado final (somos uno de los países con el gasóleo más caro, antes de impuestos).

    El corolario de esta situación no es otro que la ruina y la absoluta descapitalización de las empresas de transporte, quienes jamás han sido consideradas por nuestra Administración como un sector productivo y, por tanto, digno –como otros- de ayudas.

    Es muy probable que al recibo de la presente tenga usted, querido lector, noticias sobre próximos conatos de huelga o paro salvaje, por parte de determinadas asociaciones de transportistas que dicen representar a quien, evidentemente, no representarán jamás. Sin duda, la espoleta del combustible es un excelente caldo de cultivo para sus intereses. Pero no es éste –como se ha demostrado en repetidas ocasiones- el mejor camino para defender los intereses de los transportistas.

    Estamos mal, muy mal. Y urge reaccionar en una doble vertiente, cosa que ya se está haciendo. El Comité Nacional ya ha avisado a los cargadores de las graves consecuencias que –para ellos mismos- va a tener la desaparición de muchas más empresas de las ya citadas, si persisten en aplicar las actuales condiciones de contratación, tremendamente abusivas.

    De poco valen las actuales herramientas que tiene en su mano el transportista (Ley de Contrato de Transportes, Ley de lucha contra la Morosidad, cláusula de revisión automática de los precios en función del coste del combustible…), si no existe un mínimo de colaboración y lealtad empresarial para “compartir” las dificultades económicas que a ambas partes aquejan, puesto que las “denuncias” –en la práctica- se vuelven en contra de la parte más débil.

    Cabe señalar que, en breve plazo, habrá un encuentro entre cargadores y transportistas, en el seno de Fomento (ya se ha solicitado una entrevista con urgencia a su titular) y, quizá, como sucedió en los Acuerdos de junio de 2008, se pueda alcanzar un status quo racional y razonable, pues a todos interesa.

    Esta podría ser la primera parte de un Plan que ya ha comenzado a fraguarse, y que incluirá medidas serias y posibilistas para intentar parar esta salvaje reestructuración que amenaza con destruir al sector.

    Evidentemente, no va a ser fácil ni su definición ni su aplicación. Nuestro gobierno está enfrascado con “otros” problemas: la reforma laboral (reforma de la reforma, claro está, a ver si se “toca” la negociación colectiva); el retraso de la edad de jubilación; la reforma fiscal, con las cajas de ahorro en primer plano, las próximas elecciones autonómicas y locales…con continuos cambios y desencuentros, que por el momento sólo provocan inquietud, incertidumbre y desconfianza.

    Se ha perdido, además, un tiempo precioso debido a los últimos cambios en la cúpula de Fomento. Temas como la modificación del Baremo Sancionador, el régimen de autorizaciones de transporte o el acceso a la profesión y el mercado, deberán contar con el visto bueno del Parlamento. La CETM va a tener que realizar un ímprobo esfuerzo para intentar encajar las piezas de este puzzle, en el que están implicados no pocos estamentos.

     

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