Miércoles, 28 Julio 2021

    La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, señala que "mientras, por un lado, se habla del transporte público de mercancías por carretera como un sector esencial, que hace posible el funcionamiento de las empresas, hospitales, estaciones de servicio y, en general, el normal desarrollo de la actividad y vida de nuestra sociedad, por otro, se le ataca desde muchos frentes".

    Un nuevo capitulo en el enfrentamiento que en los últimos años vienen manteniendo las asociaciones de empresas cargadoras y de transportistas se está viviendo con ocasión de la aprobación de un plan de medidas para impulsar la intermodalidad carretera-ferrocarril en España.

    El Consejo Nacional de Transportes Terrestres, máximo órgano de interlocución del sector con la Administración, está analizando el proyecto de modificación del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) que ha elaborado el Ministerio de Transportes, en el que se propone flexibilizar el mínimo de exención de tonelaje de los vehículos de transporte que no precisarían autorización de transporte, eliminar el requisito de antigüedad de la flota y rebajar el nivel de exigencia para obtener el título de competencia para ser transportista.

    Según recoge la última actualización del ‘Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera’, los plazos de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera crecieron hasta los 87 días de media en el mes de junio.

    El Ejecutivo español ha decidido aprobar una normativa nacional para introducir restricciones a la actividad de varias empresas, y que dará cobertura a las legislaciones vigentes en varias comunidades autónomas con relación a las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor (VCT).

    La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) está conmocionada y manifiesta su más sentido pesar por la muerte de una reconocida doctora y su marido en un accidente en el que está involucrado un conductor de camión drogado.

    La puesta en marcha de la línea de ayudas por importe de 7.000 millones aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo para ayudar a los diferentes sectores económicos a hacer frente a las consecuencias de la Covid-19, cuya gestión se ha encomendado a las comunidades autónomas, está generando importantes dificultades de aplicación tanto por los requisitos exigidos para su solicitud como por los sectores que pueden acogerse a las ellas.

    El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando en la elaboración de un Decreto de adaptación a la normativa nacional del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso que fue incluido en el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea el pasado mes de julio. Entre otras novedades, incluye modificaciones en lo que se refiere a las actividades de transporte por carretera exceptuadas del uso del aparato tacógrafo, en función del sector de actividad o de el ámbito geográfico donde se realice el transporte.

    El transporte español insiste en la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que en los últimos años viene soportando el transporte de mercancías por carretera, basado en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea con menores costes de explotación de la actividad.

    En los últimos meses la Unión Europea ha venido trabajando en la puesta en marcha del denominado “pasaporte sanitario europeo”, un certificado oficial, en formato digital acreditativo de la situación sanitaria de su titular a efectos de la Covid-19 para permitir una mayor movilidad en el seno de la Unión Europea.

    La Unión Internacional de la Carretera (IRU) pide que los vehículos comerciales queden exentos de los sistemas de regulación del acceso de vehículos urbanos existentes y propuestos. Más de 2.000 ciudades de todo el mundo, con más de mil millones de habitantes, ya han aplicado o están considerando las restricciones de acceso.

    El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que los vehículos pesados dispondrán de una rebaja de un 20% sobre las tarifas actuales en el peaje de la AP-9, lo que se aplicará tanto al viaje de ida como al de vuelta y sin ningún requisito de número de viajes, recurrencia o dispositivos a bordo.

    El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho llegar un proyecto de Real Decreto al sector del transporte, haciéndoles saber que ha tenido en cuenta la reivindicación sectorial que provoca la injusticia de eliminar el requisito de antigüedad de la flota para acceder al sector y, al mismo tiempo, mantener la obligación de adquirir un vehículo nuevo o de pocos meses a la hora de renovar flota.

    La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad interpuestos por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal Supremo que, confirmando la dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declaraba nulos los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 en determinados tramos de las carreteras N-1 y A-15.

    Tras un mes manteniendo su posición de que no va a cambiar sus planes pese al fallo judicial, la Diputación de Guipúzcoa terminado dando su “brazo a torcer” en admitir que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018, tanto en la N-1 como en la A-15, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, tras el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación notificado a las partes el pasado mes de mayo.

    El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avanza en la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte. Lo hace con la publicación en su página web del anteproyecto de ley que lo pondrá en marcha, en el marco del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en virtud del cual cualquier ciudadano afectado podrá hacer las observaciones que considere oportunas al texto publicado en el plazo de 15 días hábiles.

    En pleno debate en el país sobre la propuesta del Gobierno de implantar peajes en todas las autovías españolas, y que cuenta con el rechazo inicial de las asociaciones del transporte, una nueva Administración territorial se apunta a la iniciativa de poner peajes a los camiones en su red viaria para obligar a los transportistas a utilizar la autopistas de peaje y recaudar a su costa para el mantenimiento y mejora de su red viaria.

    El sindicato FS-USO pretende “el reconocimiento del personal de ambulancias como personal exclusivamente sanitario, y no transportistas. Consideramos que la formación exigida y la legislación al respecto respaldan nuestra petición, y se eliminaría así una larga marginación hacia este personal”, explica Gustavo Peña, secretario de Organización de la Federación de Servicios de USO.

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    Separatas y Monográficos del Transporte