Basta con leer la edición del mes anterior de esta misma publicación para observar cómo han cambiado los planes del Ministerio de Fomento en un solo mes y cómo han proliferado los problemas en esta cartera. Se le añade ahora a José Blanco la dificultad del recorte del gasto y de las inversiones públicas, que afectará gravemente a su anunciado pretencioso Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), con el que pretendía reunir 17.000 millones para desarrollar infraestructuras, la mayoría destinadas al ferrocarril.

Edit Bauer: La modificación definitiva de la Directiva de tiempos de trabajo de los trabajadores móviles del sector es inminente, aunque llega con más de un año de retraso. Este mes, el Parlamento Europeo decidirá finalmente, aparte de otras cuestiones como lo relativo al trabajo nocturno, si es aplicable a los trabajadores autónomos, lo que todavía no está nada claro.

Juan Lazcano: El presidente de la Comisión Nacional de la Construcción ha sugerido como remedio para reducir el déficit público la introducción de la Euroviñeta, que supondría un ingreso de 3.000 millones de euros al año. Ahora que la construcción pierde márgenes, le pasa la patata caliente al de siempre: el transporte de mercancías por carretera.

Seguimos hablando de los créditos, porque el Banco de España prepara una nueva normativa contable (en proceso de consulta en estos momentos), que puede suponer un recorte de la financiación que conceden las entidades bancarias. La idea es que bancos y cajas incrementen sus dotaciones bancarias destinadas a proteger aún más sus riesgos, hecho que derivará en una restricción de las condiciones de financiación.

En varias ocasiones hemos criticado el “comportamiento” de las líneas ICO de crédito, da igual que sean de las denominadas “Liquidez” o cualesquiera otras, pues a la postre son las entidades financieras quienes deciden si las conceden o no, en función del crédito que les merezca el cliente.

Pero lo expuesto anteriormente sólo es válido cuando las cooperativas desempeñen su actividad de acuerdo a la normativa vigente. Desgraciadamente, el número de cooperativas de trabajo asociado que actúan de manera irregular ha crecido en los últimos años, probablemente ante la necesidad de que los socios no tuvieran que disponer de la capacitación profesional necesaria y evitar además constituir una empresa con la dimensión mínima exigida.

Las cooperativas, tanto de transporte como de trabajo asociado, son estructuras empresariales que buscan a través de la asociación de personas físicas o jurídicas generar riqueza y empleo. Además, al prescindir la cooperativa de la figura del empresario, convertido en esta ocasión en socio-cooperativista, se produce el ahorro del beneficio empresarial que le correspondería, pasando a distribuirse los resultados obtenidos entre los socios de la misma.

En nuestro número de abril publicábamos un artículo sobre el último proyecto de la Ley de Puertos, consensuado entre PSOE y PP, que puede suponer, de hecho, la liberalización de la estiba en los puertos. Aparte de la propia actividad portuaria, uno de los estamentos más beneficiados serían los transportistas, pues se establece un nuevo régimen de autoprestación y la exención a los actuales estibadores de la manipulación de la carga rodada. Este trabajo sería realizado por el personal de las navieras o bien por trabajadores cualificados de las empresas de transporte. Bien, sabíamos que la cosa no iba a resultar tan fácil, pues en el centro de esta “marabunta” (seis años ya de negociaciones) están los sindicatos, quienes no sólo han mostrado su disconformidad, sino que irán a la huelga este mismo mes con paros intermitentes antes del indefinido. No es cierto, como dicen, que peligren 1.500 puestos de trabajo, pero ahí están. La “retranca” viene por aquello de qué hará ahora el Gobierno. ¿Lo que viene haciendo?

Esta vez es la “refinitiva” para el desbloqueo de las negociaciones que se vienen manteniendo desde hace años con los sindicatos sobre el II Acuerdo General Laboral. El próximo 5 de mayo es la fecha clave para llegar a un consenso definitivo. En estos momentos todavía persisten 21 puntos sobre los que no se ha alcanzado un acuerdo; sin embargo, de éstos, podría decirse que 6 son los realmente conflictivos. Hablamos del problema de los carretilleros; de la jornada laboral; del régimen disciplinario; de la jubilación parcial; del tiempo parcial y de los derechos sindicales. Se supone que el resto debe resolverse con relativa facilidad. En el caso de que no se consiga, la patronal elaboraría una última y definitiva propuesta con las aportaciones –también definitivas- de los sindicatos, que posteriormente sería remitida a éstos. Su respuesta, sin más preámbulos, debería ser afirmativa o negativa a todo el conjunto. Si es positiva se firmará el II Acuerdo; si la respuesta es “no”, se romperán definitivamente las negociaciones.

Un vez más, Tráfico, en lugar de flexibilizar la circulación y de eliminar trabas al transporte de mercancías por carretera en estos momentos de crisis, continúa poniendo trabas al sector. La irresponsabilidad de generar confianza entre nuestras empresas, que adquirieron compromisos comerciales que después no pudieron cumplir, no sólo ha producido perjuicios económicos, sino también de deterioro de imagen para la organización.

La Dirección General de Tráfico ha publicado este año una resolución que por primera vez incluía restricciones a la circulación de mercancías peligrosas en todas las comunidades autónomas en lunes posterior a Semana Santa, el pasado 5 de abril. Esa fecha únicamente era señalada como día festivo en cinco comunidades autónomas, pero la resolución ampliaba la prohibición al tráfico en todo el territorio nacional.