Domingo, 16 Junio 2019

    Entrevista con Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Sectorial contra la Morosidad

    Antoni Cañete Antoni Cañete Opinión

    La morosidad no es exclusiva del transporte, pero sí es un problema muy grave para muchas pymes, que ven cómo la falta de liquidez por facturas sin cobrar hacen tambalear sus cuentas de resultados. Existe una plataforma que lucha para terminar con esta lacra y que se sancione a las empresas morosas.

    ¿Cómo y por qué se formó la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad?


    Se creó en marzo de 2009, en plena crisis, hicimos la primera concentración de la Historia delante del Congreso de los Diputados, en la que autónomos y empresarios de pequeñas y medianas empresas presentamos 44 propuestas ante el Gobierno (en aquel momento, de Zapatero). Dijimos: estamos en medio de una crisis y hay que tomar medidas estructurales. Y dentro de aquellas 44 medidas, había una que nos estaba afectando de forma muy, muy importante, que era la morosidad. Antes de la crisis, era fácil acceder a la financiación, había muchos recursos financieros y además a un interés muy bajo. Con lo cual, no se le estaba dando la importancia que tenía. Con la crisis, hay un estrangulamiento importante y un encarecimiento del dinero, con lo cual, se convirtió en la causa más importante del cierre de empresas y de pérdida de puestos de trabajo. Dentro de esa movilización, un grupo de asociaciones que habíamos estado convocando, decidimos que el tema más importante y que podría tener solución era la morosidad, porque se habían hecho leyes que habían permitido que la morosidad fuera impune. Y en ese sentido, se constituyó la plataforma.

    ¿Qué supone para las pymes que los índices de morosidad sean tan altos en España?


    Supone una de las causas más importantes de sus cierres y, por tanto, de la pérdida de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que la morosidad (que significa ampliar los plazos de pago) obliga a buscar financiación exterior. Esto, para una pyme, es mucho más dificultoso y gravoso, porque le cuesta más acceder a la financiación y porque tiene que pagar unos intereses a partir de unos márgenes que cada día son más pequeños. Para la pyme, está en juego su viabilidad y de competitividad.

    En el mundo del transporte, el país paradigmático es Francia, porque pagan a 30 días. ¿Cree que se podrá lograr aquí algún día?


    No sólo lo espero, sino que lucho para que ello se produzca. Supongamos un transportista que en Francia factura un millón de euros, y otro transportista que factura en España la misma cantidad. Serían las mismas empresas, con los mismos costes, todo igual. El transportista de Francia cobra a 30 días, por lo tanto, tiene una financiación de esos 30 días, que no llega ni a 100.000 euros. En el caso del transportista español, si cobra a más de 160 días (que les pasa a muchos de ellos), necesita casi 500.000 euros de financiación ¿cuál es más fiable? Claramente, el de Francia ¿qué sucede, además? Que si el transportista tiene la suerte de que un banco le ofrece la mitad de su facturación en financiación (cosa compleja), tiene que pagar unos intereses, que no es el precio del dinero (estamos hablando de entre el 5 y el 7%). Con lo cual, de lo que gana, una parte importante tiene que dedicarla a los intereses. Este ejemplo ilustra lo que significa en un país y en un ámbito el poder cobrar a tiempo.

    ¿Por qué la Ley contra la Morosidad nació sin sanción?


    Cuando empezamos a trabajar con la ley 3/2004, en el año 2004 se puso un término que era el "acuerdo de las partes". Era la causa en la que todo el mundo se amparaba para poder saltarse la ley con total impunidad. Cambiar este concepto, que se consideraba una utopía, fue muy difícil. Pero conseguimos que todos los grupos de Congreso (incluido el Partido Socialista, que se incorporó en el último minuto), votaran a favor de quitar el pacto de las partes y definir por ley los plazos de pago. Nosotros ya reclamábamos el régimen sancionador, pero se nos dijo que, por parte de los grupos, era un tema para poder trabajar con mucha más profundidad, y hubo un compromiso, primero, de sacar el pacto de las partes y definir los plazos de pago, después. Es verdad que los grupos que nos dijeron que iban a estar de acuerdo en la implementación del régimen sancionador, luego no tuvieron la mayoría suficiente, y el Partido Popular, con mayoría absoluta en la pasada legislatura, no ha dado salida a esa reivindicación y esa necesidad de viabilidad.


    ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿y qué sanción sería la adecuada?


    Pues, por ejemplo, Francia tiene mecanismos que hacen que el país funcione de una determinada manera. Y uno de ellos, importantísimo, es el régimen sancionador. Francia renovó sus sanciones el año pasado respecto a lo que eran los plazos de pago, imagínese lo que es en términos de importancia y transcendencia. Nosotros, desde la plataforma, estamos haciendo una propuesta en la línea de lo que está vigente en Francia: un régimen sancionador con faltas leves, graves y muy graves, con modos graduales de sanción. Pedimos una serie de medidas que son tan importantes o más que el propio régimen sancionador: un observatorio de la morosidad (que se sepa realmente quién paga, cómo y en qué términos), figuras como el mediador, y sobre todo, los tribunales de comercio, que podrían permitir solucionar muchísimos de estos problemas y de una forma mucho más ágil. Si ahí se produce una acción dolosa e intencionada, que exista ese régimen. Porque una empresa que no paga, genera un problema y distorsiona un país de una forma más importante de lo que se pueda pensar a priori.

    ¿Cree que con el nuevo gobierno constituyente, podría revisarse el tema?


    Más que podría, habría que cambiar el verbo por "debería". Si queremos ser un país del siglo XXI, donde nuestras empresas sean viables y competitivas, sería muy difícil de explicar que se siga permitiendo que haya empresas en la Bolsa que están cobrando del pago a proveedores, y que, cobrando a menos de 40 días por parte de la propia Administración, estén pagando por encima de 200 días. Esto no tiene ninguna justificación y no se debe permitir. Esta va a ser nuestra primera petición al nuevo gobierno y espero que éste dé un mensaje a la sociedad, a las empresas y a la economía de que se debe tomar en serio la realidad de nuestro país, que los autónomos necesitan ser competitivos para que este país pueda poner su potencial empresarial en el marco europeo.

    Revista Transporte Profesional

    Número 359 - Febrero 2016
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    Número 359 - Febrero 2016
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