Ha sido uno de los elementos principales en la negociación entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el más importante, junto con la prohibición de realizar las labores de carga y descarga por los conductores, en la veintena de compromisos adquiridos por el Gobierno con el sector para que se desconvocara el paro patronal.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que regula las ayudas para la transformación de flotas de transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, las cuales se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que define un estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, de la que a su vez depende el Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de mercancías por carretera, al que parece que el Gobierno ha fiado la negociación con el sector tras la convocatoria de paro patronal. Lo cierto es que uno ya se pierde con tanto plan y se desespera con tan pocas soluciones, como decía el refrán, “mucha paja y poco grano”.

Mucho revuelo se está generando con la aplicación por parte de los servicios de inspección de un nuevo criterio sobre el uso del certificado de actividades. Dicho criterio, que al parecer ha emitido la propia Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del MITMA, no está exento de polémica y, menos aún, de misterio.

Artículo de opinión de Fernando José Cascales, abogado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, asunto C-439/19, sobre acceso público a los datos relativos a los puntos impuestos a los conductores por infracciones de tráfico.