Todavía estábamos asimilando la sentencia del Tribunal Supremo sobre la supresión del requisito de la antigüedad de la flota, cuando ya tenemos otra que modifica el procedimiento sobre la posible pérdida de honorabilidad, de una empresa o de su gestor de transporte.

El actual Gobierno de España se caracteriza por decir un día una cosa y al siguiente la contraria. Estamos cansados de verlo. Es más grave todavía comprometer su palabra y luego realizar exactamente lo opuesto.

Por increíble que parezca, a día de hoy, Madrid Central sigue igual. A pesar de que una de las primeras medidas adoptadas por el actual equipo de gobierno fue la suspensión de la aplicación de Madrid Central, se lo tumbaron los tribunales; a pesar de que el año pasado se anunciara el nuevo plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid (Madrid 360), todavía no se han llevado a cabo los cambios normativos necesarios; a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la regulación de Madrid Central debido a importantes defectos de forma como la ausencia de evaluación de impacto económico o la falta del trámite de información pública, dicha resolución no es firme y la regulación sigue vigente; a pesar de que el sistema de registro de accesos y de sanciones ha tenido múltiples fallos; a pesar de todo, Madrid Central continua en vigor.

En esta ocasión no voy a hablar de las 44 toneladas, ni del paro/no paro, ni de la relación transportistas/cargadores.