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Miércoles, 19 Enero 2022

    El anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y ahora se encuentra en fase prelegislativa. Entre las novedades, se incluye la posibilidad de que las víctimas de accidentes de tráfico tengan que tributar por la indemnización que reciban cuando se trate de un acuerdo amistoso.

    Vizcaya y Guipúzcoa se equiparan a Álava y asumen las funciones y los medios personales, patrimoniales y presupuestarios para ejercer la transferencia de las competencias en materia de transporte, aprobada por la Comisión Mixta de Transferencias.

    Todos los transportistas tanto de mercancías como de viajeros (y taxistas) que estén dados de alta en el Censo de Beneficiarios del Gasóleo Profesional tienen la obligación de presentar ante la Agencia Tributaria, antes del 31 de marzo,  la declaración de kilómetros anuales recorridos en el año anterior de sus vehículos de transporte que figuran en dicho censo.

     

    CEFTRAL, junto con el ISTI, han desarrollado la tercera edición del curso de Formación de formadores de estiba y sujeción de cargas, en formato mixto, online (100 horas) y presencial (20 horas. Sus participantes tuvieron la oportunidad de formarse de modo intensivo en todo lo relacionado con la norma UNE-EN 12195. Hasta la fecha, CEFTRAL ha formado a más de 45 formadores CAP en esta materia.

    Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la reforma de la Ley de Seguridad Vial que introduce novedades que afectan, entre otras, a las conductas que implican la pérdida de puntos del permiso de conducir. Algunas de ellas son el uso de dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, el adelantamiento poniendo en peligro a ciclistas o arrojar objetos a la vía que pueden provocar incendios o accidentes, que se incrementan, en todos los casos, a seis puntos.

    Consciente de la situación que han venido atravesando las dos últimas semanas los transportistas españoles que han aumentado su actividad, por obligación de sus clientes para evitar un posible desabastecimiento por la convocatoria del paro de transporte previsto para la semana de Navidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana ha dictado este 20 de diciembre una Resolución por la que flexibiliza la regulación de los tiempos de conducción y descanso, la cual se publicará en breve en el Boletín Oficial del Estado.

    Tras las negociaciones mantenidas con la Administración de la Generalitat (Transportes y Movilidad, Seguridad Industrial) con relación a la Instrucción 1/2021 publicada el 13 de abril en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, cambia el periodo para comunicar al órgano competente de la Administración en materia de seguridad industrial, la inspección correspondiente de los vehículos ADR y ATP.

    Entre las numerosas novedades que incluye la reforma de la Ley de Seguridad Vial aprobada el 9 de diciembre en el Parlamento, algunas de ellas afectan al sector del transporte por carretera. La nueva ley recoge una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones del sector, como es la posibilidad de poder consultar la situación administrativa de los permisos de conducir de sus conductores asalariados, bien en lo que se refiere a la pérdida de puntos o a la suspensión o pérdida del carné por diferentes motivos.

    Mucho revuelo se está generando con la aplicación por parte de los servicios de inspección de un nuevo criterio sobre el uso del certificado de actividades. Dicho criterio, que al parecer ha emitido la propia Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del MITMA, no está exento de polémica y, menos aún, de misterio.

    Las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado la Norma Foral que establece por tercera vez un sistema de peajes a camiones sobre todo el trazado de la N-1 y la A-15, en sustitución de las dos anteriores normas forales declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ratificado por el Tribunal Supremo. A diferencia de las anteriores versiones, en esta ocasión, la Norma Foral sólo ha contado con el apoyo del PNV y el PSE, siendo rechazada por Bildu, Podemos y Partido Popular.

    Una nueva amenaza surge en el transporte de la mano del Ministerio de Hacienda, que trabaja en la posible eliminación del gasóleo profesional para el sector del transporte por carretera, según ha confirmado la subdirectora general de Impuestos Especiales y Tributos sobre el Comercio Exterior y el Medio Ambiente en un coloquio organizado por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

    El 24 de Noviembre, la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Alicia Rubio, acompañada de los responsables de inspección de las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, han presentado a las asociaciones nacionales de transportistas del Plan Nacional de Inspección para el transporte por carretera para el año 2022.  

    Artículo de opinión de Fernando José Cascales, abogado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, asunto C-439/19, sobre acceso público a los datos relativos a los puntos impuestos a los conductores por infracciones de tráfico. 

    Entre las novedades que incluye la reforma de la Ley de Seguridad Vial que se tramita en el Parlamento, algunas de ellas afectan al transporte por carretera. Así, el proyecto de Ley recoge una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones del sector: la posibilidad de poder consultar la situación administrativa de los permisos de conducir de sus conductores asalariados, tanto en lo que se refiere a la pérdida de puntos o a la suspensión o pérdida del carné de conducir por diferentes motivos.

    Seis meses ha tardado la Diputación de Guipúzcoa en ejecutar el último Auto del Tribunal Supremo que confirmó la nulidad de la norma foral que estableció los peajes a camiones y que puso en marcha en enero 2018 tanto en la N-1 como en la A-15. Desde el pasado 22 de octubre, queda paralizado su cobro tras dos sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ambas confirmadas por el Supremo.

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado tanto al Ministerio de Industria como a la patronal de las Estaciones de ITV el contenido íntegro de la sentencia dictada frente al recurso judicial contra la Orden Ministerial que estableció el calendario excepcional para que pudieran pasar la revisión los 5 millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de inspección técnica durante el estado de alarma.

    La sentencia del Tribunal Supremo de octubre del pasado año, que anuló el requisito de antigüedad de los vehículos para quienes acceden por primera vez al transporte de mercancías, unido a la rebaja del nivel de exigencia para la obtención el título de transportista que viene practicando algunas Comunidades Autónomas, continúa produciendo efectos negativos en la ordenación del transporte, así como en la edad media actual de la flota española de transporte por carretera, perjudicando tanto los índices de siniestralidad como los objetivos de movilidad medioambiental y sostenible que propugnan tanto las autoridades europeas como las nacionales.

    Una correcta sujeción de la carga para su transporte es una medida básica de seguridad, que recibió un nuevo impulso en 2018, con la entrada en vigor del Real Decreto 563/2017, con el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales, incluida la sujeción de la carga. Impedir que se “mueva” garantizará un viaje seguro y evitará que, en caso de que haber sido los responsables de la estiba y sujeción de la carga, ser sancionados.

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    Separatas y Monográficos del Transporte