por María Fernanda Martínez Sierra

Al ministro de Fomento le pone la alta velocidad. El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), presentado el mes pasado por el Gobierno, servirá, en palabras de José Blanco, para construir nuevas infraestructuras de transporte durante los dos próximos años bajo un nuevo modelo de colaboración público-privada.

La economía española se mantiene, junto con la griega y la irlandesa, a la cola del crecimiento de los países desarrollados. Esto es debido a que la actividad sólo crece gracias a las ayudas fiscales, a que el mercado financiero no aporta soluciones reales, mientras que la confianza de los consumidores sigue por los suelos y el mercado laboral, que es sin duda el principal obstáculo para la recuperación, no sólo no mejora sino que todavía seguirá empeorando durante unos meses. Ante esta falta de claridad de cara al futuro, se hacen necesarias herramientas que aporten soluciones a las muchas necesidades que tienen las familias y las empresas en la situación actual. Sólo la aplicación de medidas realistas, como flexibilizar el mercado laboral y mejorar la productividad y la competitividad, incrementar la inversión en infraestructuras, reducir (nunca aumentar) la fi scalidad y facilitar el acceso a la financiación, entre otras muchas, reducirán los desequilibrios de los últimos años y nos llevarán de nuevo a la ansiada y necesaria senda del crecimiento.

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A estas alturas de la película que estamos viviendo, es inconcebible que determinadas organizaciones de transportistas (Confedetrans y Fenadismer, por qué no ponerles nombre) puedan plantear una modificación del régimen de autorizaciones de transporte (están en su derecho, es evidente), de tal forma que podría considerarse como una auténtica desregularización. Porque equiparar la autorización del ligero con la del pesado; eliminar los tres vehículos y las sesenta toneladas exigidas para acceder a la profesión y tocar temas como la antigüedad o la transmisibilidad de forma harto más que curiosa, constituyen una carga de profundidad que bien podría interpretarse como la regularización de situaciones anómalas, al amparo de estas pretensiones. Cualquier modificación al respecto debe hacerse siempre desde la más estricta legalidad. De lo contrario podemos encontrarnos con problemas añadidos, agravando actualmente la difícil situación de nuestras empresas.

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Después de haber sufrido durante los últimos años la peor y más larga recesión desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, parece que, por fin, la recuperación económica ha comenzado a sentirse, aunque su intensidad varía entre las distintas zonas del mundo. En Asia, con China a la cabeza, la actividad económica es tan intensa que hasta existen ciertos temores a causa de la posible inflación. Japón, aun con el mercado interior por los suelos, está aprovechando el tirón de sus vecinos. Por su parte, Estados Unidos lidera la mejoría en occidente, aunque todavía no ha conseguido recuperar completamente su mercado laboral. América Latina permanece estable, y su recuperación no es más rápida como consecuencia de su inestabilidad política. Finalmente, la Unión Europea, liderada por Alemania y Francia, ha consolidado durante el primer trimestre la salida de la recesión y ya se prevé un crecimiento, aunque modesto, del PIB para el año 2010.

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No hay dinero. Las administraciones locales se quejan de falta de liquidez y bien podría afi rmarse que no pocas están en quiebra. A la nula entrada de ingresos se une el parco recorte de gastos, por lo que es urgente buscar nuevas vías de financiación, ingeniándoselas para aplicar todo tipo de nuevos impuestos y tasas. Aparte de los Ayuntamientos, tenemos también el grave problema de las Comunidades Autónomas, en lucha permanente con la Administración central para llevarse una parte del pastel, pero el Estado acumula un déficit superior al 11%, cifra muy elevada pero que no tiene que envidiar a la de las CCAA. Ahora le toca el turno al País Vasco, quien enseguida ha visto un suculento ingreso en el peaje del puerto de Echegárate.

El problema es que este peaje no afecta sólo a los ciudadanos de esta Comunidad, sino a todo aquél transportista (por el momento) que no tenga más remedio que realizar esta ruta. Un impuesto más para la carretera que tiene un peligro añadido: la imitación.

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El problema de la morosidad constituye la primera causa de insolvencia entre las pequeñas y medianas empresas. Numerosos empresarios se encuentran al borde del concurso de acreedores debido al aumento de impagos, los retrasos y las prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que representan una amenaza para autónomos y pymes.

Por Santi G. González.

Alguien a quien debo buena parte de mis conocimientos sobre economía me habló por vez primera del término “coopetir”, que a la natural competencia entre empresas añade la necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución de metas comunes.

Por María Fernanda Martínez Sierra.-

La CETM considera que las cooperativas son una figura de creación de empleo y riqueza económica, que concentran la oferta y la demanda y permiten al autónomo asociarse y crear sinergias. no obstante, en numerosas ocasiones, ha expresado su preocupación ante la proliferación en los últimos años de cooperativas de trabajo asociado que desempeñan su actividad de forma ilegal, compitiendo de forma desleal con el resto de las empresas del sector.

El nuevo plan europeo para el crecimiento económico y la creación de empleo de los próximos 10 años está ahora mismo debatiéndose en la Unión Europea. Su resultado es de vital importancia para España, ya que un país no se vuelve competitivo de un año para otro y es probable que hayamos perdido la oportunidad de hacerlo durante la última década. La reducción del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo, la mejora de la productividad, el incremento de la competitividad, la reforma de las pensiones, la reducción de impuestos, etc. son medidas poco divertidas pero absolutamente imprescindibles para un país que quiera salir del atolladero económico en el que se encuentra España. En definitiva, o se coge el toro por los cuernos de una vez por todas, o la actual (y simpática) política económica provocará una reducción aún mayor del consumo y una recaída de nuestra economía a partir el tercer trimestre de 2010.

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Lo lógico, lo normal, es que sea en época de “vacas gordas” cuando se plantee alargar la edad de jubilación, teniendo en cuenta factores como la previsible evolución de la demografía, porque el problema estaba ahí, antes de que tuviéramos casi cinco millones de parados y las arcas de la SS a punto de descalabro.