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    CETCAT-COT rechazan la obligación del paso de vehículos por autopistas sin una bonificación del 100%

    CETCAT-COT CETCAT-COT Transporte Profesional

    A raíz de los últimos accidentes con víctimas mortales producidos en la N-340 (que une Barcelona con Cádiz por la costa Mediterránea) a su paso por Cataluña y el ocurrido en la N-240 (Tarragona-Bilbao) hace poco más de tres meses, se ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de buscar soluciones a la alta siniestralidad y congestión que soportan estas carreteras.

    De ello es consciente el sector del transporte de mercancías, que no desconoce los peligros asociados a dichas vías, con lo que sería el primer interesado en la mejora de la seguridad vial.

    Según nota remitida por las asociaciones de transportistas Confederación Empresarial de Transportes per Carretera de Cataluña (CETCAT) y Coordinadora de Organizaciones de Transportistas de Cataluña (COT), ninguna está de acuerdo con las declaraciones públicas como que la obligatoriedad del traspaso de camiones por las autopistas acabarán con los accidentes mortales, ya que "no hace más que criminalizar y cuestionar la profesionalidad de los transportistas".

    En el fondo de la cuestión se encuentra la propuesta del Gobierno de Cataluña, tras todo lo ocurrido, de desviar de forma obligatoria el tráfico pesado a cambio de bonificaciones parciales en el peaje, solución que no comparten ambas organizaciones salvo que dicha bonificación sea del 100%

    La razón que esgrimen CETCAT y COT es que "el sector ya padece una carga fiscal específica excesiva, con especial referencia a los impuestos que se pagan sobre el carburante, con un porcentaje del 45% del precio/litro; al IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y al IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte). A todo ello hay que sumarle las tasas administrativas que se han de pagar con carácter bianual por renovación de sus autorizaciones administrativas, si se quiere continuar con la actividad".

    Asimismo, CETCAT-COT considera que no se puede hacer responsable al sector de las deficiencias existentes en infraestructuras, ni de las decisiones políticas tomadas en su día con relación a la suspensión de la ejecución de proyectos.

    Teniendo en cuenta que, desde hace 40 años, en Cataluña más del 67% de las vías de alta capacidad son de peaje. Ambas asociaciones se preguntan si uno de los motivos de que se hayan atrasado las ejecuciones de grandes infraestructuras obedece al interés de las empresas concesionarias a que el usuario no disponga de una alternativa gratuita a su oferta.

    Las presiones de las concesionarias se han puesto de manifiesto en casos en que era inevitable la reconversión de carreteras convencionales en autovías, prorrogándose las concesiones con una serie de prerrogativas a su favor en cuanto a la ejecución de aquellas futuras vías de alta capacidad gratuitas.

    De hecho, se habla de posibles compensaciones a la concesionaria por una eventual inversión privada por su parte en la ejecución de proyectos como el tramo de Valls a Montblanc y Les Borges–Lleida a cambio de una inducción forzada, como sería el desvío del tráfico pesado por las vías de peaje.

    Según las asociaciones catalanas de transporte "si se considera que el motivo por el cual es necesario el traspaso de camiones a las vías de peaje es en interés del bien común, en el sentido de garantizar una menor congestión de aquellas carreteras y de esta forma contribuir a una mejora de la seguridad vial, es necesario poner de manifiesto que el sector no aceptará ningún tipo de medida que suponga un incremento de sus costes".

    En este sentido, CETCAT-COT propone dos alternativas: o bien liberar el peaje mientras duren las obras de ejecución (tal y como se ha hecho en algunos tramos de la AP-7), o bien el estudiar la posibilidad de rescatar aquellos tramos de autopista cuando convivan a un distancia lo suficientemente corta con las vías convencionales a reconvertir en autovías.

    Está pendiente la creación de una comisión de trabajo formada por representantes de la Administración catalana y estatal, a fin de buscar soluciones. Dado que en el pasado mes de junio, en una reunión mantenida con el consejero del Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Castaluña, Santi Vila, hubo un compromiso por su parte de que no se adoptaría ninguna decisión de forma unilateral, las asociaciones creen que en breve se convocará al sector para buscar una solución consensuada.

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