Jueves, 09 Diciembre 2021

    Octubre 2021 - Editorial revista Transporte Profesional

    Javier Baranda, editor de Transporte Profesional Javier Baranda, editor de Transporte Profesional Editorial

    Por fin, algo positivo

    La morosidad es, probablemente, el principal caballo de batalla que tienen las empresas de transporte de mercancías por carretera. El inaudito, reiterado y cada vez más dilatado retraso en los pagos, por parte de los cargadores, está generando una alarmante falta de liquidez que, además de lastrar la competitividad de nuestras empresas, consigue en no pocos casos su asfixia hasta alcanzar su total ruina.

    Pues bien, tras trece meses de desesperantes negociaciones y esperas, el acuerdo firmado entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el 23 de julio de 2020, ha dado, al menos y por ahora, un jugoso fruto, al aprobar el Congreso de los Diputados la Ley contra la Morosidad en el transporte por carretera, una de las históricas reclamaciones de nuestro sector.

    Esta norma modificará la LOTT. En sustancia, los plazos de pago se verán reducidos a un máximo de 60 días, y entrarán en vigor las multas por su incumplimiento, que oscilarán entre 401 y 6.000 euros (esta última cifra para las infracciones graves); no obstante, las sanciones podrían alcanzar la nada desdeñable cifra de 30.000 euros, si la conducta del moroso afectara de forma manifiesta a la capacidad y solvencia económicas del acreedor, es decir, que pudiera  comprometer  la supervivencia de su empresa.

    La trascendencia de esta Ley es enorme, máxime cuando apenas existen sectores económicos en nuestro país que contemplen sanciones a causa de la morosidad. El apretado resultado de votos en el Congreso para sacarla adelante no hace sino confirmar que nuestros representantes han peleado hasta la saciedad para su puesta en práctica y bien podría afirmarse que se ha conseguido un éxito en esta dura negociación. Sin embargo, esta podría ser una victoria pírrica, si los afectados no son capaces de denunciar los abusos cometidos por su clientes, los cargadores, incluidos aquellos operadores logísticos que subcontratan transporte, siendo ellos, a su vez, transportistas. Y no digamos de la Administración pública, primera incumplidora en prácticamente todos sus niveles. Por supuesto que no es fácil enfrentarse a quien ostenta una posición de dominio, pero no debemos olvidar que aquí va a funcionar también la Inspección y las sanciones podrían lloverle al transportista, si no está cobrando “en tiempo y forma”, a los 60 días como máximo, a pesar de no tener culpa alguna. El transportista tiene, por una vez, la Ley de su parte y eso debería ser suficiente para “obligar” o “convencer” a sus clientes a que cumplan y paguen a los 60 días, vuelvo a repetir, como máximo. No falta quien señala que se trata, además, de una cuestión de “educación” por ambas partes y que la aceptación mutua de esta norma requerirá de un tiempo prudencial. De todas formas, las Juntas Arbitrales están ahí para dirimir las controversias, en cuantías  de hasta 15.000 euros.

    Evidentemente, la nueva Ley no será la panacea para el transporte, pero si la presión ejercida para su aprobación sirve para mejorar las condiciones de contratación de nuestros transportistas, habrá que dar por buenos todos los desvelos.

    Restan aún no pocas cuestiones pendientes, vitales para la supervivencia del sector, que precisamente fueron, también, motivo de pacto con Transportes en el mismo documento citado, hace poco más de un año. Ahí tenemos la espada de Damocles de las 44 toneladas o la Euroviñeta (los peajes), que la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se empeña en aplicar lo antes posible, sin entender que su obcecación podría costarle un serio disgusto, pues el sector no está dispuesto a admitirlos bajo ninguna forma; la triquiñuela de que serán los cargadores quienes carguen con este “mochuelo” es una disculpa falaz, porque es un boomerang que rebotará contra el sector. Tampoco nos olvidamos de la carga y descarga, de los plazos de devolución del gasóleo profesional, de los módulos y más recientemente de la falta de conductores, del encarecimiento de los combustibles y, ya es el colmo, de la dificultad de comprar vehículos nuevos, por culpa de la carencia de los microchips.

    Ahora, cuando da la impresión de que estamos (ojalá) en los últimos estertores de esta maldita pandemia, no hay otra consigna, otra medicina que seguir peleando, eso sí, unidos; se avanzará poco, sí, pero sin pausa. Y esta Ley da buena prueba de ello.

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    Javier Baranda

    Director y editor de la Revista Transporte Profesional, periodista de vocación y devoción llevo media vida ligado a la información sobre el transporte y el asociacionismo en especial a la CETM

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